En momentos en que Panamá lidia con la atención de casi 2.000 migrantes en limitados albergues temporales en la selvática provincia de Darién, la principal corte interamericana ordenó al país centroamericano medidas urgentes para proteger la salud y vida de esos extranjeros varados en medio de la pandemia del coronavirus.
En una resolución esta semana, la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), Elizabeth Odio, formuló el requerimiento en favor de los migrantes recluidos en refugios transitorios en las comunidades de Peñitas y Lajas Blancas, donde han quedado confinadas estas personas después de cruzar la peligrosa jungla del Darién, pegada a la frontera con Colombia.
Los migrantes, incluidas familias enteras con menores de edad, proceden de Haití, Cuba y de naciones más lejanas golpeadas por la pobreza y la violencia en África y Asia.
El organismo, con sede en la capital costarricense, ordenó a Panamá asegurar de forma inmediata y efectiva, el acceso a servicios de salud esenciales sin discriminación a todas las personas en esos campamentos.
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Niegan maltratos
El llamado urgente se da en el marco de la vigilancia de una sentencia en que el Estado panameño fue encontrado responsable hace casi diez años por denuncias de violación a los derechos a la libertad de un ecuatoriano que fue detenido sin documentos en un puesto policial en Darién en 2002.
De acuerdo con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) el organismo de derechos humanos que solicitó la supervisión del caso los migrantes que transitan por la selva del Darién se enfrentan a una política de detención automática y arbitraria, así como condiciones de hacinamiento.
The Associated Press envió el jueves un pedido de comentario sobre la resolución a las autoridades de Panamá y a oficiales de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que trabajan en la atención de esas personas. El gobierno del presidente Laurentino Cortizo ha negado antes cualquier tipo de maltratos contra los migrantes y ha dicho que el confinamiento en que están desde fines de marzo se debe a las medidas de restricción de movilidad en todo el país para contener la propagación del nuevo coronavirus.
El vicecanciller Federico Alfaro Boyd refirió esta semana que también los países centroamericanos, incluidos Costa Rica y Nicaragua, han restringido sus fronteras, por lo que los migrantes no podrían avanzar a su destino si se les deja partir del Darién.
Se está haciendo un esfuerzo importante para dotar a los migrantes de insumos médicos, así como de cuestiones básicas como catres para dormir y agua, dijo el diplomático.
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Sigue el descontento de migrantes
Antes que llegase la pandemia, los migrantes que lograban cruzar la jungla del Darién, plagada de traficantes de personas y de drogas, llegaban hasta los refugios, incluido el de Peñitas, desde donde con el visto bueno de las autoridades migratorias y policiales seguían en buses hasta la frontera con Costa Rica en su anhelada ruta hacia Norteamérica.
Esa política, catalogada de flujo controlado, quedó suspendida por la pandemia, que de todas maneras llegó a Peñitas, donde según cifras oficiales se han detectado hasta el momento alrededor de 80 contagiados por el virus y que han sido llevados al albergue próximo de Lajas Blancas. Allí también han trasladado a decenas de migrantes con los síntomas o que tuvieron contacto con los enfermos. No se han reportado muertos.
La CorteIDH advierte en su resolución que pese a los traslados, Peñitas "continúa albergando un alto número de personas que supone, al menos, siete veces más de lo que permitiría su capacidad, lo cual puede favorecer la propagación del COVID-19. Allí habían casi 1.700, incluidos más de 400 menores.
Panamá es el país que más casos y decesos por COVID-19 ha reportado en América Central, con más de 4.000 activos y 315 muertos.
Hace más de un mes, las autoridades acordaron habilitar un nuevo lugar en Darién para aliviar el hacinamiento en Peñitas, aunque se desconoce qué tan avanzado está. En días recientes, surgieron nuevos reportes de descontentos de los migrantes y del intento de salida de un grupo de ellos, lo que obligó a la intervención de los policías fronterizos.
